Los juegos de Londres: de Pinochet a Julian Assange

Uno no sabe  a qué juega Londres o a qué se juega en Londres, pero parece que es algo parecido a lo del ratón y el gato, a esos juegos del pilla-pilla que tanto recorrieron las calles de nuestra infancia.

Lo que está claro es que los juegos de Londres no tienen nada que ver con las Olimpiadas, aunque sí se repiten cada cierto tiempo y cuentan con anillos, pero en esta ocasión convertidos en grilletes.

En 1998 Augusto Pinochet, mientras se encontraba en Londres para someterse a un tratamiento médico, fue procesado por la Justicia española por tortura y presunta violación de Derechos Humanos, y sometido a arresto domiciliario mientras las autoridades británicas estudiaban la procedencia de su extradición. Finalmente Londres no la concedió alegando diferentes motivos, desde los que hacían referencia a su estado de salud hasta diversos argumentos jurídicos-técnicos, y en marzo de 2000 fue liberado y autorizado a regresar a Chile.

En septiembre de 2010 la Fiscalía de Suecia abrió diligencias contra Julian Assange por violación sobre Anna Ardin y por acoso sexual sobre Sofía Wilen, el presunto autor, en lugar de presentarse ante las autoridades suecas para aclarar lo ocurrido, huyó al Reino Unido. En noviembre se emitió una orden de detención europea y se solicitó la intervención de la Interpol, medidas que llevaron a que se entregara a la policía londinense en diciembre y a permanecer localizado bajo control  judicial. Dos meses después, el 24-2-11, el juez británico Howard Riddle autorizó su extradición a Suecia al considerar que este país ofrece todas  las garantías necesarias para un juicio justo, pero no se ha llevado a cabo y la situación descrita se ha mantenido a través de diferentes recursos hasta que el 19-6-12 Julian Assange se refugia en la Embajada de Ecuador y solicita asilo político. Finalmente le ha sido concedido hace tan sólo unos días (16-8-12), aunque según algunas informaciones las autoridades británicas, celosas por dar cumplimiento a la orden judicial sueca, han amenazado con entrar en la embajada y detenerlo.

Como se puede comprobar hay algunas circunstancias similares, planteamientos totalmente diferentes, escenarios comunes, personajes radicalmente opuestos, y unas mismas personas en situaciones distintas: Baltasar Garzón y los responsables de las instituciones del Reino Unido.

Baltasar Garzón como juez fue quien procesó a Augusto Pinochet y quien solicitó su extradición a España para comparecer ante la Justicia, y Baltasar Garzón como abogado es quien dirige la defensa de Julian Assagne para que no sea extraditado  y no comparezca ante la justicia sueca. Por su parte, Londres fue quien en 1998 impidió la comparecencia de un presunto delincuente, Augusto Pinochet, ante la Justicia, y en 2012 es Londres quien intenta por todos los medios que otro presunto delincuente, Julian Assange, comparezca ante la Justicia. La diferente posición de Baltasar Garzón es comprensible y consecuente con su nueva función, la de Londres no tanto.

Al margen de otras cuestiones derivadas de la complejidad de la situación generada por los dos casos comentados, la preocupación común que surge, con independencia de esos elementos tan diferentes entre uno y otro,  es el intento de hacer prevalecer y anteponer al personaje sobre la persona y  las consecuencias sobre los hechos. Pero también comprobar cómo el argumento principal en ambos procesos pasa por un cuestionamiento de la Justicia desde dentro de las instituciones, dejándola en evidencia como uno de los ámbitos más desiguales a la hora de resolver los problemas que afectan a los ciudadanos, y mostrando cómo ricos y poderosos siempre juegan con ventaja ante la igualdad de la ley.

Los motivos utilizados para negar la extradición de Pinochet se basaron, fundamentalmente, en el personaje, en esa condición de “expresidente” y de senador vitalicio y, por supuesto, en todas las relaciones que como tal había establecido con gobiernos y personas de ideología similar, de ahí las peticiones de liberación de George Walter Bush y de Margaret Thatcher, entre otras, a pesar de que el juez Howard Riddle había autorizado la extradición. Y las razones para negar la extradición de Assange a Suecia de nuevo surgen alrededor del personaje, de su implicación con la libertad de expresión y en la defensa de los Derechos Humanos a través de la revelación de documentos que ponen en entredicho las actuaciones de muchos Gobiernos, principalmente el estadounidense, de ahí que también hayan surgido en su defensa múltiples personajes con los que ha mantenido una relación.

La estrategia funciona, y el resultado es una especie de escisión del individuo: Se muestra una trayectoria vital en la que los presuntos crímenes se han sucedido de nuevas circunstancias, y luego se presenta esa evolución como demostración de la incompatibilidad de una conducta con otra, o como si determinadas acciones pudieran ocultar o borrar otras. De esta manera muchos veían en Pinochet al anciano “enfermo” y en un papel secundario dentro de la política, sin que su memoria pudiera superar el límite establecido por su ideología para reconocerlo como ese presunto y atroz criminal. Es algo similar a lo que ocurre con Julian Assange, que es presentado como el activista que ha tenido el valor de poner en evidencia a Estados Unidos y a muchos de sus aliados mostrando las palabras sucias con las que pretenden limpiar su mundo de obstáculos, y su memoria tampoco supera la ideología para entender que su implicación y compromiso con la libertad de expresión y contra la sucia guerra no es incompatible con una posible conducta delictiva por agresión sexual.

El caso de Pinochet se cerró mal por impedir su comparecencia ante la Justicia, pues es esta la que debe investigar y establecer la verdad de lo ocurrido y, de este modo, desvelar a la persona que oculta el personaje, o al menos algunas de sus conductas. Quienes liberaron a Pinochet condenaron a la Justicia, no sólo a los códigos y normas que hablan de justicia universal, de la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, de la legitimidad de cualquier Estado para intervenir… condenaron la confianza en el ideal de Justicia defendido por la humanidad y los valores que de él se derivan. Y el caso de Assange se cerrará mal si se da a entender que la forma de establecer justicia es evitar la comparecencia ante la justicia de un país con un sistema de garantías judiciales como es Suecia. Y no sólo se cerrará mal para él y lo que él defiende con sus acciones, sino que lo hará por atacar una vez más al ideal de justicia que todos perseguimos.

Julian Assange no va a ser juzgado en Suecia por Wikileaks, sino por delitos de agresión sexual. No dudo de que hay muchos países y dirigentes con gran interés en que sea encarcelado y que quieran aprovechar ese procesamiento para ir más lejos, pero eso no debe impedir la acción de la Justicia y que las posibles víctimas queden sin ser reparadas por el daño sufrido. La forma de resolver la situación precisamente es actuar con la transparencia y claridad que Julian Assange exige y reivindica, circunstancias que se garantizan en un sistema democrático como el sueco. No creo que Assange pueda exigir condiciones para comparecer, como ha apuntado Baltasar Garzón, al igual que no puede hacerlo ningún ciudadano cuando es denunciado y tiene que acudir a un Juzgado o Tribunal. Si hay algo que no está bien deberá ser puesto de manifiesto con la denuncia oportuna, y si se teme que la denuncia por agresiones sexuales conduzca después a una extradición a EE.UU., será entonces cuando haya que poner en marcha la defensa sobre esa situación, no antes. Plantear dudas sobre la justicia sueca es el mismo argumento que hicieron los defensores de Pinochet sobre la justicia española para negar su extradición, y al final es defender el argumento de la "caza de brujas", sólo que cada uno tiene sus brujas a las que cazar.

Debemos procurar una justicia más democrática en la que los privilegios, el poder y el dinero no actúen como falsos testigos a favor de quienes cuentan con su alianza, y en la que la palabra de determinadas personas no sea más valiosa que la de otras. Y eso exige un mayor compromiso con la Justicia, no su cuestionamiento sistemático para beneficiarse de una duda que acabará con la credibilidad y la confianza en el sistema.