El gobierno, la violencia de género y los menores

MENORES-ACTUALa violencia de género no va dirigida contra los niños y las niñas, aunque la violencia de género afecta de manera directa a los niños y niñas que viven en el ambiente donde al agresor ejerce la violencia de manera sistemática contra la mujer.

Puede parecer una contradicción, pero no lo es, lo mismo que no es contradictorio afirmar que una cirrosis hepática produce alteraciones cardiacas como consecuencia de la hipertensión portal que origina, sin que se pueda decir que los problemas del corazón son una hepatopatía. El corazón sigue siendo el corazón, eso sí, afectado por la enfermedad hepática, y el hígado continúa siendo el hígado.

La reforma de la Ley Integral que ha propuesto el Gobierno a iniciativa de la ministra Ana Mato, viene cargada de intencionalidad ideológica y no aporta ningún elemento que mejore la protección de los niños y niñas que sufren los efectos de la violencia de género, ni tampoco la atención que requieren. Si el Gobierno pretende mejorar su protección y asistencia, lo que tiene que hacer es desarrollar los recursos que ya se contemplan, dar presupuesto y adoptar medidas para que por parte de las diferentes instituciones implicadas se adopten las actuaciones necesarias.

Analicemos la situación y su significado.

Las niñas y niños están protegidos e incluidos en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tal y como se puede comprobar en la redacción del articulado actual. De hecho, durante el Gobierno anterior se adoptaron multitud de medidas para proteger y atender a estos menores víctimas de la violencia de género, entre otras, el reparto del Fondo de Asistencia Integral entre las diferentes Comunidades Autónomas tomando en consideración la población de menores con el objeto de que se desarrollaran medidas dirigidas a esos niños y niñas. Lo cual demuestra que la Ley Integral no sólo permite proteger y atender a los menores, sino que además, cuando hay voluntad política, facilita que se haga.

La actitud del Gobierno al modificar el artículo 1 de la Ley Integral e incluir a los menores como víctimas tiene otro sentido. En primer lugar, supone un desconocimiento preocupante de la Violencia de Género por parte de quien debe de adoptar las políticas para erradicarla, lo cual hace dudar de que las iniciativas se dirijan adecuadamente.

La violencia de género es la que se ejerce contra las mujeres cono consecuencia de las referencias socio-culturales que llevan a los hombres a entender que es una forma aceptable para controlar y dominar a las mujeres, y de resolver los conflictos que se presenten en ese tipo de relación. Es una violencia contra las mujeres que podrá afectar a otras personas que convivan con ella o que no estén viviendo en el mismo hogar que la mujer a quien dirige la violencia el agresor, dependerá de la decisión e intencionalidad de él. Incluir en el artículo que la define a los menores es desviar la atención sobre el objeto y significado de esta violencia, y atender a una parte de las posibles consecuencias, no a todas, pues no considera a otras personas que también sufren las consecuencias de la violencia que los agresores dirigen contra las mujeres.

Bajo esa idea del Gobierno de relacionar la violencia con el escenario, ¿qué ocurre con las personas mayores que conviven en el mismo domicilio, fundamentalmente los padres o las madres de las mujeres agredidas, las cuales también sufren la violencia del maltratador?. ¿Y qué sucede entonces con otras personas que no conviven con la mujer maltratada, pero que también son foco de la violencia del agresor, como ocurre con hermanos, hermanas, amistades o, muy especialmente, con las nuevas parejas de las mujeres tras la separación?

En Degaña (Asturias) en mayo de 2011un maltratador asesinó a la pareja de su exmujer, al padre y a un hermano, e hirió de gravedad a la madre y a su exmujer (http://multimedia.laprovincia.es/videos/sociedad/20110523/hombre-mata-tres-familiares-pareja-hiere-esta-ultima-madre-22628.shtml). Todas fueron víctimas de la violencia de género, pero no porque ésta se dirija a cualquier persona, sino porque a la hora de hacer daño a la mujer, el agresor puede seguir diferentes opciones. Y aunque no es habitual que en unos mismos hechos se ataque a tantas personas, la agresión a los entornos de las mujeres maltratadas no es infrecuente, pues los agresores a la hora de hacer daño recurrirán a la estrategia que consideren más oportuna en el uso de la violencia, y a atacar a las personas que decidan. Y lo harán dentro y fuera del hogar, ya que no se trata de una violencia doméstica, sino contra la mujer.

Los niños y las niñas deben ser protegidos y asistidos atendiendo a sus circunstancias, lo cual exige un plus en ambas actuaciones, pero la violencia que sufren es parte de la violencia que el agresor dirige contra la mujer para dominarla y someterla. Establecer que la violencia de género se dirige contra las mujeres y los menores es desvirtuar sus motivaciones y objetivos y, en consecuencia, no abordar sus elementos específicos de cara a la prevención, a la atención y a la protección.

Y me preocupa esta modificación que ha hecho el Gobierno, porque no es necesaria para proteger y atender a los menores y, en cambio, sí distorsiona el significado de esta violencia que va contra las mujeres, algo que no es casualidad.

En septiembre de 2002 el Partido Popular, por entonces también en el Gobierno, rechazó la proposición de Ley Integral que presentó el PSOE, después en 2004 la apoyó al verse solo y con una situación social cada vez más grave, en parte por no haber sido abordada de manera integral. Pero poco después volvió a las andadas y empezó a reivindicar su idea de violencia doméstica o familiar en diferentes propuestas y planteamientos, hasta que en junio de 2011 el Congreso rechazó una Proposición de Ley en ese sentido presentada por la actual Secretaria de Estado de Igualdad, Susana Camarero. Nadie apoyó esta iniciativa, pues una cosa es la violencia que sufren las mujeres y otra la violencia que sufren sus hijos e hijas como parte de la misma.

La prueba del nueve de esta modificación ideológica de la Ley Integral está en las primeras declaraciones que hizo la entonces recién llegada ministra Ana Mato, cuando en la condena de los homicidios de dos mujeres, uno en Roquetas de Mar y otro en Marchena, ambos en diciembre de 2011, se refirió a ellos como "violencia en el entorno familiar".

Volver a esconder la violencia que sufren las mujeres en el contexto doméstico o familiar es perder la oportunidad para abordar sus causas y circunstancias, y con ellas evitar que se produzca y que los hijos e hijas la sufran.

¿Cuál va a ser la nueva propuesta del Gobierno, incluir a los abuelos y abuelas que convivan en el mismo domicilio, a las amistades que queden con cierta frecuencia con la mujer maltratada, a las parejas que inicien una relación con ellas…?

Si de verdad quiere proteger a los menores, a las mujeres y cualquier persona que pueda ser atacada por maltratador, lo que tiene que hacer el Gobierno es dejar de recortar en recursos y presupuestos en lugar de aumentar el número de personas diferentes que pueden ser víctimas de una violencia que va dirigida específicamente contra las mujeres. Hacerlo es como si decir que en una campaña contra la “gripe A” también se dirige contra la “hepatitis B” y pensar que por la simple referencia ya se es eficaz contra las dos, seguro que algunas medidas higiénicas pueden ser buenas para las dos enfermedades, pero el tratamiento de cada una exige medidas específicas.

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¿Licencia para matar?


LICENCIA MATAR-1Acostumbrados a oír hablar de los casos de violencia sobre la mujer con el nombre de ellas
 (el caso de Ana Orantes, el de Sandra Palo, el de Marta del Castillo, el de la niña Mari Luz, el de Nevenka Fernández…), Bretón ha llegado para llamar a su caso por su nombre y, probablemente, para que se olvide sobre su historia.

Resulta triste, pero es así, el impacto mediático y social del presunto homicidio cometido por José Bretón no se debe al asesinato de sus hijos, sino a la historia que ha creado alrededor de los homicidios, y a la presencia de un artista invitado en forma de error que ha generado aún más suspense y dolor. De lo contrario, otros casos similares en cuanto al resultado (padres que han matado a sus hijos en el contexto de la violencia de género) habrían ocupado un espacio y un interés que no han tenido, y no habrían pasado como se pasa la hoja del periódico con la noticia que los describía. Nadie ha hablado tanto del padre que mató a sus hijos y a su mujer en Elche en 2005, ni del que mató a su hija y a su pareja en Madrid en 2007, ni del padre que mató a sus dos hijos y a su mujer en Yecla en 2008, ni del que acabó con la vida de su hijo en Baleares este pasado mes de febrero, ni de aquel otro que llevó a cabo la misma conducta criminal en Tenerife en julio de 2012… Tampoco de tantos otros que actuaron de forma similar.

La repetición de este tipo de homicidios sin más consecuencias que el rechazo y el impacto emocional significa que no se están abordando las circunstancias que dan lugar a estos crímenes, y que por tanto se pueden volver a producir. Circunstancias que, básicamente, se limitan a dos grandes factores: la presencia de una situación de violencia contra la mujer madre de esos niños y niñas, y la existencia de una ocasión u oportunidad para que el padre agresor pueda estar con sus hijos sin tener en cuenta la situación de riesgo que pueda encerrar.

La violencia de género se dirige contra las mujeres, pero también daña a los menores. Los hijos siempre han sido moneda, no de cambio, sino de continuidad, pues en el fondo lo que pretende un maltratador es continuar con la relación sobre un patrón de dominio-sumisión, y sabe que la amenaza sobre los hijos es la mejor forma de retener a la mujer. A pesar de esta evidencia, la sociedad y las instituciones no siempre se han atrevido a mirar por la rendija de la puerta de estos hogares, y cuando lo han hecho no siempre han querido ver lo que miraban. La situación es tal que con frecuencia se concede una orden de protección y alejamiento para la madre, y al mismo tiempo se establece un régimen de visitas para que ese “padre alejado” pueda acercarse a los hijos que él maltrata por medio de la violencia que ejerce sobre la madre.

El resultado que se deriva de la combinación de ambos factores (violencia de género y oportunidad para la agresión) es tan grave, por acción o por omisión, como por desgracia hemos comprobado en los casos mencionados y en otros que no terminan en el homicidio de los hijos, que podemos hablar gráficamente de que esos permisos para las visitas pueden llegar a actuar como “licencias para matar”.

La baja frecuencia con que se presentan no puede ser un argumento para no hacer nada, es absurdo. Nadie lo dice cuando ante los millones de personas desplazadas por el tráfico de carretera se producen “sólo” 1484 víctimas mortales", ni por el hecho de que los homicidios "sólo" supongan el 0'16% de las agresiones por violencia interpersonal, y tampoco se habla de baja frecuencia cuando nos referimos al número de infartos con relación al total de enfermos del corazón. En todos estos casos se reconoce el problema y se pide tratarlo y prevenirlo en toda su dimensión y en todas sus manifestaciones, y en la violencia de género debemos prevenir nuevas agresiones, también las que se puedan producir sobre los hijos.

Hay que actuar y romper con esa idea tan arraigada de que “un maltratador no tiene por qué ser un mal padre”, imagen estereotipada muy extendida que refleja esa concepción que se tiene sobre la violencia de género como un problema privado y, sobre todo, de los violentos como hombres que en el fondo lo que hacen es corregir algo desviado e imponer el orden alterado.

Y si la sociedad debe cambiar por una cuestión de compromiso con los valores que deben articular y dar sentido a la convivencia, las instituciones, sobre todo la Administración de Justicia, deben de hacerlo por cuestión de responsabilidad.


WLINKEl pasado día 21 de septiembre la organización Women’s Link Worldwide
(Women´s Link Worldwide) presentó una demanda ante el Comité CEDAW, organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, por una actuación negligente y descoordinada de todas las autoridades españolas que intervinieron en un caso de violencia de género, cuya consecuencia fue el homicidio de una niña llamada Andrea. Su madre, Ángela González, después de separarse por sufrir malos tratos en 1999 y de denunciar en más de 40 ocasiones las amenazas, los incumplimientos y la violencia que el agresor seguía llevando a cabo sobre ella y su hija, y de pedir protección para Andrea, cada vez más afectada por la violencia que el padre ejercía durante las visitas, no obtuvo ninguna respuesta. Tampoco la obtuvo cuando en uno de esos permisos concedidos el padre asesinó a Andrea y después se suicidó. Ángela agotó todos los recursos disponibles a nivel interno sin lograr que el Estado reconociera su responsabilidad por haber fallado en su obligación de proteger la vida e integridad de su hija y la suya propia. Ángela supo desde el primer momento que el retraso de su exmarido en la entrega de la niña era un aviso mortal, no la creyeron como no la habían creído antes, hasta que la muerte de su hija le dio la razón. Es duro plantearlo de forma tan cruda, pero ese hombre con permiso para ver a su hija a pesar del riesgo objetivo que existía, a tenor de las circunstancias, tuvo una de esas “licencias para matar” que otros maltratadores también han utilizado en diferentes ocasiones.

Es grave que el Estado español pueda resultar condenado por una mala actuación de su Administración en una época en la que el conocimiento y los medios eran menores. Pero más grave resulta que ahora que tenemos el conocimiento y la experiencia, no se sigan desarrollando medidas para que no se vuelva a producir una situación similar.

La credibilidad de las mujeres no puede seguir en cuestión, ni en violencia de género ni en nada, la última consecuencia la tenemos en el homicidio de una niña de 13 años en El Salobral (Albacete).