El Derecho está lleno de excepciones que evitan aplicar su literalidad en algunos casos, y más aún de manera automática sin atener a las circunstancias en las que han sucedido los hechos. Algunas de estas excepciones quedan recogidas en la propia ley, dada su frecuencia y significado, como por ejemplo ocurre con la legítima defensa, el miedo insuperable, el arrebato… mientras que otras se basan en la interpretación de la norma a partir de principios, la Jurisprudencia y demás referencias. El Derecho, y quien lo aplica, sabe que una persona puede llevar a cometer un ilícito penal bajo determinadas circunstancias que modifiquen su significado y responsabilidad y que, por tanto, la aplicación literal de la ley puede traducirse en una injusticia, de ahí la investigación primero, y su valoración y enjuiciamiento posterior, pues tampoco vale, una vez llevada a cabo la investigación, aplicar automáticamente el Derecho sobre los resultados obtenidos. Si fuera así lo que necesitaríamos serían potentes computadoras y personas expertas en informática, no juzgados ni jueces, juezas, Ministerio Fiscal, juristas…
La grandeza del Derecho es esa, aplicar la norma a las circunstancias de cada caso, lo mismo que sucede en otras disciplinas, como por ejemplo en Medicina, donde el conocimiento científico y los protocolos se adaptan a la situación de cada paciente, no se aplican de manera automática argumentando que eso es lo que dice la ciencia, pues hacerlo así podría suponer graves consecuencias sobre la salud en determinados casos.
Lo que ha sucedido con Juana Rivas se parece más a esa aplicación automática y literal del Derecho que a una respuesta en justicia desde el punto de vista social. Y no es un error, sino la respuesta consecuente a una forma de interpretar el Derecho y a la demanda pública que han hecho desde un determinado sector de la sociedad que no ha parado de pronunciarse a través de las redes y medios, incluyendo magistrados, magistradas, juristas, profesionales de la Psicología… y tantos otros.
Desde el primer momento, sin atender a las razones que daba Juana Rivas ni a la situación y consecuencias sobre sus hijos, un sector importante de la sociedad exigió la inmediata restitución de los niños a Italia, país donde residían, y la entrega al padre, nada importaba que la madre manifestara que su conducta y decisión de no entregar sus hijos se debía a una situación de violencia de género. Todo lo contrario, sólo por plantearlo, la intensidad de la crítica y la consideración de Juana como una mala mujer llena de perversidad, fue aumentando conforme pasaban los días; y sin ninguna prueba ni elemento objetivo, la propia denuncia de violencia de género para ese sector era la demostración objetiva de que no existía la violencia y que todo era una instrumentalización para quedarse con los niños, curiosamente el mismo argumento que repiten a diario desde el posmachismo ante la violencia de género que asesina cada año a 60 mujeres, para desviar la atención.
Todo forma parte de esa reacción contra la Igualdad y las personas que la defienden, y curiosamente, lo dicen las mismas personas que comentan que el padre nunca fue condenado por violencia de género, a pesar de que existe una sentencia en la que consta como hechos probados la agresión. ¿Qué credibilidad tienen los que niegan la violencia reconocida en una sentencia judicial cuando dicen sin investigar que ahora no hay violencia? Evidentemente ninguna, pero como hablan desde la voz del machismo resultan creíbles para muchas otras personas.
El machismo es la cultura, no la conducta cuando sobrepasa determinados límites y se convierte en algo “incómodo” o reprobable. Y como tal cultura determina la realidad y condiciona el significado que se da a los hechos que ocurren como parte de ella, puesto que son las ideas, valores, mitos, estereotipos… y las identidades definidas por esa cultura las que otorgan un sentido a la realidad que se considera adecuada para convivir y definir las relaciones en sociedad. Las personas, todas, se socializan sobre esas referencias como hombres y mujeres, y entienden que es normal lo que la cultura dice que es normal, por eso todavía hoy un 3% de personas en la UE entiende que la violencia de género está justificada en determinadas ocasiones (Eurobarómetro, 2010), y un 44% de las mujeres que no denuncian la violencia que ejercen sus maridos no lo hacen porque “no es lo suficientemente grave”, o sea, “normal” (Macroencuesta, 2015). Y como son referencias determinadas por la cultura, están presentes en todas las personas, da igual que ejerzan su profesión en medicina, en la judicatura, en fiscalía, en el derecho o en la educación… esa forma de entender la realidad no es consecuencia de la formación profesional, sino de la vida en sociedad. Y para desprenderse de esos mitos, prejuicios y estereotipos hace falta formarse, por eso tanto el CGPJ, como la FGE o el Consejo General de la Abogacía, por circunscribirnos al ámbito del Derecho, realizan múltiples cursos de formación en violencia de género, puesto que la respuesta ante los casos no es cuestión de opinión, sino de conocimiento.
Justo lo contrario a lo que hemos visto en el caso de Juana Rivas, mucha opinión y poco conocimiento técnico para abarcar todas las circunstancias que tiene el caso, puesto que para aplicar la literalidad del Convenio de La Haya sólo hace falta saber leer, y no me refiero con ello a las decisiones puntuales, sino al debate general.
Por lo tanto, afirmar que el machismo no influye en lo que ha sucedido es la forma más clara de demostrar que lo ha hecho, puesto que quien lo dice ignora el contexto de significado creado por la cultura y su normalidad machista, y cree que machismo sólo es una conducta aislada cuando sobrepasa el umbral considerado como adecuado en cada momento. Y es ese machismo normalizado, aparentemente invisible y teóricamente anónimo, el que históricamente ha desarrollado un Derecho que ha desconsiderado la violencia contra las mujeres, llegando a incluir el delito de uxoricidio por el que el homicidio de la mujer resultaba prácticamente impune, o el que hasta 1989 consideraba la violación como un delito contra el honor, no contra la libertad sexual, o el que establecía normas para que las mujeres tuvieran que pedir permiso a sus maridos para trabajar o viajar al extranjero… y en todos esos momentos había magistrados, fiscales y grandes juristas que decían que eso no era machismo, que era producto de la racionalidad humana, o sea, masculina. Justo lo mismo que dicen hoy ante el Derecho actual.
Por eso es el machismo quien niega la violencia de género que denuncia Juana Rivas, pero sin investigarla a fondo, y el que pone como ejemplos de que no existe dicha violencia manifestaciones que forman parte habitual de ella, como ocurre con las mujeres que regresan con el maltratador, con las que no lo denuncian, o con las que lo hacen una vez que se sienten seguras y protegidas, con las que después de denunciarlo la retiran días más tarde…
Y desde esa misma visión machista de la normalidad dicen que la justicia ha de aplicar la ley, es decir, el Convenio de La Haya, sin atender a las circunstancias, sino a su literalidad. Una rigidez que sorprende, puesto que no es la que se mantiene en muchos otros casos y situaciones, hasta el punto de que el Estado español ha sido condenado por Tribunales y organismos internacionales tanto por aplicar la ley atendiendo a circunstancias particulares, como sucedió con la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la llamada “doctrina Parot”, como por no aplicar la ley atendiendo a las especiales circunstancias de los hechos denunciados, como ha ocurrido en el caso de Ángela González y la condena del comité de la CEDAW de Naciones Unidas. Dos casos, cada uno en un sentido, que muestran que la literalidad de la ley no es el único elemento a tener en cuenta para hacer justicia.
Pero la situación del caso de Juana Rivas es aún más sorprendente, puesto que esa literalidad en el Convenio de La Haya dice en su artículo 13.b: “la autoridad del Estado requerida no está obligada a ordenar la restitución de la persona… si existe un grave riesgo de que la restitución del menor le exponga a un peligro grave físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable”, y por lo tanto, el propio enunciado del Convenio de La Haya da pie para que la restitución no se haga de manera automática, y que se atiendan las circunstancias para evitar un riesgo para los menores.
La pregunta es sencilla, si el Derecho se debe aplicar atendiendo a las circunstancias, si el propio Convenio de La Haya recoge como circunstancias a tener en cuenta un posible peligro para los menores, si la violencia de género implica una situación de riesgo para los niños, y si Juana Rivas, la madre de esos niños, denuncia una situación de violencia de género actual, existiendo, además, el antecedente de una condena contra el marido por maltrato y situaciones compatibles con dicha violencia, ¿por qué no se ha investigado a fondo la denuncia y se ha procedido a realizar una valoración científica del riesgo sobre los niños?.
No se ha hecho, lo cual indica que para muchos prevalece el regreso sobre el riesgo, ante lo cual sólo caben dos posibilidades, o no se ha creído la denuncia interpuesta por Juana Rivas, o no se considera que la violencia de género suponga un riesgo para los niños, y las dos son un grave error, sobre todo cuando la solución es tan sencilla y asequible como investigar unos hechos, tal y como se hace a diario en nuestro país, y luego decidir en consecuencia sobre la protección de los menores, no sobre los hechos y si deben ser investigados en Italia. La decisión podría haber sido la misma, pero las garantías no.
Que la defensa que hemos visto estos días por parte de profesionales del Derecho, la Psicología, y de un amplio sector social haya sido aplicar el instrumento que permite devolver los hijos de manera automática a un padre condenado y denunciado por maltrato sin aclarar si esa decisión conlleva un riesgo para ellos, demuestra que para esa parte de la sociedad que defiende lo que el machismo ha establecido, lo importante es La Haya, haya o no haya justicia, pues en definitiva supone proteger la realidad que el machismo ha creado, esa que habla de que las mujeres son “malas y perversas” y que “un maltratador no tiene por qué ser un mal padre”, y los instrumentos desarrollados para lograrlo.
Lo dije hace muchos años, no se puede establecer la Justicia desde la injusticia, y una sociedad machista y sin Igualdad no es justa.
AUTOPSIA 